Pymes reclaman el "urgente tratamiento" del proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional

Las pequeñas y medianas empresas instaron hoy al Congreso de la Nación a que den “urgente tratamiento” al proyecto de ley de moratoria universal que presentó el diputado oficialista Marcelo Casaretto, a los efectos de conseguir su “rápida aprobación” y aliviar la situación fiscal del sector.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina ( CGERA) coincidieron en expresar la necesidad de que se sancione la norma impulsada por el legislador entrerriano del Frente de Todos, en un contexto signado por la caída de la actividad, la baja en la facturación y el cierre de establecimientos.

“La ampliación de la moratoria para deudas acumuladas es clave en este contexto para llevar un poco de alivio a las pymes y fortalecer la producción. esperamos su pronto y ágil tratamiento en el Congreso”, dijo al respecto el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.

Por su parte, CGERA, presidida por Marcelo Fernández, reclamó que la medida “se extienda hasta que finalice la cuarentena”, en una diferencia respecto del proyecto de Casaretto, que comprende impuestos, aportes y contribuciones hasta el 31 de mayo.

Si bien son dos entidades independientes, CAME y CGERA resolvieron el año pasado relanzar en forma conjunta a la CGE (Confederación General Económica) y habitualmente coinciden en los reclamos de las pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, Díaz Beltrán puntualizó que “resulta vital la aprobación con celeridad de esta nueva moratoria” si se tiene en cuenta que “las pequeñas y medianas empresas tienen un acumulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres, expensas y bancos que aumentó exponencialmente tras el aislamiento preventivo y obligatorio”.

CAME recordó sus últimos informes de actividad que indicaron “una caída promedio del 50,8% interanual de las ventas minoristas en mayo en todo el país y del 53,1% de la producción industrial Pyme en abril”, además de destacar que el sector representa “el 44% del PBI nacional” y “el 70% del empleo privado del país”.

“A este panorama muy complejo se suma la paralización del turismo, que traerá consecuencias aún impensadas”, añadió.

Asimismo, CGERA solicitó que la iniciativa “abarque a todos los contribuyentes, incluso a quienes no tienen actualmente el certificado PYME”, además de incluir “todos los gravámenes atrasados”.

“Las pymes que se atrasaron en sus obligaciones desde el inicio de la cuarentena no lo hicieron por haber especulado sino por haber estado inactivas por la pandemia para prevenir el coronavirus”, apuntó la entidad.

El proyecto presentado por Casaretto es para los tributos impositivos, aduaneros y de la seguridad social y propone importantes quitas del capital adeudado: 10% por los períodos fiscales 2018 y 2019, 25% para 2016 y 2017, 50% para obligaciones impagas del 2014 y 2015, en tanto que 75% para años anteriores.

También propone que las multas y sanciones hasta el 31 de mayo de este año queden condonadas. Y que las cuotas por la moratoria comiencen a pagarse el 16 de noviembre de este año.